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Como es conocido, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que regulaba conjuntamente el régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el denominado procedimiento administrativo común, ya no se encuentra en vigor y su contenido ha sido desgajado y sustituido en las dos leyes ahora vigentes, esto es, las nuevas Leyes 39/2015 y 40/2015, ambas de 1 de octubre, reguladoras del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público, respectivamente. El presente artículo se centra en el procedimiento administrativo sancionador tras las mencionadas nuevas leyes, recogiendo algunas de las novedades que han introducido en el mismo.
