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El mercado de la electricidad en la Unión Europea y en España ha sucumbido a la aplicación doctrinaria y ciega de principios regulatorios que han confiado l a asignación óptima de los recursos eléctricos a mercados eléctricos diseñados como si la electricidad fuera un bien convencional. El mercado de la electricidad - tal y como está regulado al amparo de las directivas y recomendaciones de la Unión Europea- funciona mal, generando perturbaciones retributivas que exigen continuas intervenciones administrativas que desconciertan a inversores y consumidores. Por este camino, la consecución de los objetivos medioambientales de la Unión Europea sólo encontrará dificultades.
