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Bertha Gracía Gallegos
Lo primero que llama la atención al hacer una evaluación crítica de la seguridad privada es la enorme diferencia existente entre los enfoques que consideran a esta actividad como un sector de la economía de servicios y la industria -un ámbito de rápido crecimiento que trata de ocupar una demanda incesante por seguridad en un mundo cada vez más globalizado- y quienes estamos interesados en reflexionar sobre los desafíos que representa tal actividad, situada en el ámbito de lo que denominamos como el monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado -y sus consecuencias para la democracia y los Derechos Humanos-.Como todos los temas, el de la seguridad privada puede efectivamente ser analizado desde distintos ángulos y enfoques. En esta ponencia nos interesa analizar la capacidad del Estado para ejercer un control legítimo sobre una actividad empresarial que se diferencia de cualquier otra, porque recurre al uso de la fuerza -por los servicios que presta y las armas que maneja-, por la competencia que genera con el propio Estado -en diversos ámbitos de la seguridad pública e incluso de la defensa- y porque, a pesar de las legislaciones existentes, innumerables aspectos no son necesariamente percibidos por la propia población y funcionarios públicos, pues requieren de un conocimiento y una perspectiva especializada incluso por parte de quienes se entienden habitualmente de los aspectos más conocidos o comunes de la seguridad: defensa, seguridad pública o interior y manejo de desastres.Siendo una actividad privada, favorecida por los procesos de privatización, la mundialización del mercado y por el aumento de la inseguridad, ha podido desarrollarse rápidamente, adquirir tecnología más sofisticada que las fuerzas del propio Estado, construir una demanda creciente y ocuparse de temas que permanecían en ámbitos sensibles del Estado como son los de la inteligencia y prospectiva estratégica, el mando de fuerzas de seguridad y otros. En estos momentos, entre sus clientes se encuentran incluso instituciones militares y policiales que llegan al punto de considerar y estimar estos saberes como “lo más avanzado”, olvidando o dejando en un segundo plano las doctrinas histórico-políticas de la guerra y las jurídico-policiales desarrolladas en los procesos de formación del Estado.1Más aún, las demandas por seguridad que originan el relacionamiento de los ciudadanos con la seguridad privada no es necesariamente la demanda que se hace al Estado ni tiene una directa relación con el tema del delito; existe un espacio específico en crecimiento que colma necesidades nuevas, generadas por el sentido de vulnerabilidad individual, que se expande a medida que las personas se encuentran expuestas a situaciones inciertas en la globalización. Esta suerte de “legitimación” del espacio de seguridad privada hace todavía más difícil la evaluación de las condiciones, en las que el Estado nacional y la sociedad internacional organizada deben encarar el tema del control de esta actividad. Tarea todavía más difícil y compleja en la medida que muchos de los países no han desarrollado aún, ni en la doctrina ni en la práctica, un eficiente control civil de las instituciones de fuerza del Estado: Fuerzas Armadas y Policía, que siguen guardando considerables espacios de autonomía, dentro de sistemas políticos y ordenamientos jurídicos deficientes desde los parámetros del Estado de Derecho.
