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La entrada en vigor del Reglamento 1370/2007, de 23 de octubre, sobre los Servicios Públicos de Transporte de Viajeros por Ferrocarril y Carretera, coincidió con la finalización del plazo de duración de un buen número de concesiones de servicios de transporte tanto estatales como autonómicos. No obstante, la incorporación de la norma a Derecho español ha planteado dudas en relación con tres concretos ámbitos: derecho de preferencia reconocido en el RLOTT, prórroga de concesiones y delimitación de los criterios de adjudicación en las nuevas licitaciones. Sobre todas estas materias se ha pronunciado ya el Tribunal Supremo, trazando unas líneas jurisprudenciales básicas que trascienden al concreto ámbito analizado.
