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El Tribunal General de la Unión Europea, en su Sentencia de 27 de abril de 2016, realiza un interesante análisis de los conflictos de intereses en la contratación pública y de su incidencia en la aplicación de los principios generales que deben regir todo procedimiento de licitación. Esta cuestión reviste una gran importancia, no sólo por las nocivas consecuencias económicas y sociales que dichos conflictos llevan aparejadas, sino también con motivo de su regulación expresa por parte de la cuarta generación de Directivas europeas, que evidencia la intención de las instancias comunitarias de hacer frente a esta mala práctica y conminar a los Estados miembros a adoptar las medidas adecuadas para combatirla.
The General Court of the European Union, in its judgment of 27 April of 2016, carries out an interesting analysis of conflicts of interest on public procurement and its impact on the application of the general principles which should govern any procurement procedure. This issue has great importance, not only because the damaging economic and social consequences which the aforementioned conflicts involve, but also because of the express regulation by the fourth generation of European Directives, which demonstrates the intention of the Community authorities to deal with this misconduct and urge Member States to adopt the suitable measures to fight it.
