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Luis Canal Fernández
El Estatuto Básico del Empleado Público limitó al plazo de tres años el desarrollo de las Ofertas de Empleo Público. Casi diez años después, se sigue discutiendo aún sobre las consecuencias derivadas del incumplimiento de aquel plazo pues, si inadmisible sería reducir a la intrascendencia su trasgresión, los efectos derivados de la inviabilidad (o de la invalidez) de los procesos selectivos en que se desgranan aquéllas podrían llegar a resultar aún más injustificables. No se trata tan solo del perjuicio que se derivaría para la Administración y, por ende, para el servicio público (suficientemente mermado ya por la tasa de reposición de efectivos) sino, también, de la incidencia que tal opción tiene desde la perspectiva del derecho fundamental de acceso a la Función Pública sin que, por lo demás, quede siquiera garantizado el ahorro. En esta diabólica tesitura se han tenido que mover los distintos Tribunales de Justicia que hasta la fecha se han enfrentado al problema a la espera de que, definitivamente, se pronuncie nuestro Tribunal Supremo.
Basic Public Servant´s regulations limited Public Employment offers to a three-year long expiry date. Nearly ten years later, consequences derived from the noncompliance of said period are still under discussion, since if reducing these to insignificance would not be acceptable, the effects derived from the invalidity of the recruitment processes involved could become even harder to justify. It is not only about the damage that the Administration, and consequently, Public Service (already diminished enough by public servants turnover rate) would endure, but about the effect that such an option would have from the legal perspective of a fundamental right to access Public Service without not even savings being guaranteed. It is in this difficult setting that every Court of Law facing this issue has had to act so far, in waiting for our Supreme Court to rule on it.
