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Pablo Hernández
Desde enero de 2013, la normativa española que regula los plazos de pago de las operaciones comerciales sitúa el máximo legal en sesenta días. La regulación nació con el objetivo de limitar el problema de la morosidad en las pymes.
Sin embargo, el escaso impacto atribuible a dicha normativa en la reducción de los periodos medios de pago ha reavivado un viejo debate acerca de los principios y del fondo del problema que persigue la regulación. ¿Es el alargamiento de los plazos de pago o la demora una consecuencia del diferente poder de negociación? ¿O se debe, por el contrario, a un mecanismo de salvaguardia para solucionar un problema de información asimétrica? ¿Es el plazo de pago la variable que debe controlar el regulador para evitar la morosidad comercial? A la vista de los escasos efectos de la regulación sobre la reducción de los plazos de pago, los esfuerzos deberían dirigirse no a limitar dichos plazos, sino a mejorar la supervisión de los acuerdos, garantizando la suficiente eficacia a los tribunales o instancias mediadoras en caso de conflicto.
