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La responsabilidad patrimonial del Estado Juez por error judicial o anormal funcionamiento de la Justicia, mal regulado en la LOPJ y peor interpretado por la jurisprudencia, viene dejando desamparados a la mayor parte de los justiciables absueltos o sobreseídos que han padecido durante el proceso prisión preventiva. La STC 8/2017 abre la puerta interpretativa en el camino hacia el remedio de dicho desamparo, con reflexiones interesantes sobre la presunción de inocencia que deben concienciar a la jurisdicción, entre tanto el legislador no decida aclarar y ampliar el ámbito de dicha responsabilidad patrimonial del Estado Juez, para superar así el triste papel de quienes, siendo ciudadanos de un Estado de Derecho, la realidad los degrada anacrónicamente a súbditos de una Monarquía absoluta o de un Estado totalitario.
