Acceso usuarios
Edgar Miguel Juárez-Salazar
La historia sobre la guerra sucia en México es trascendental para entender el desarrollo de las políticas de exterminio del Estado y los ecos posteriores de los mecanismos de coerción del Gobierno mexicano. El presente artículo reflexiona en torno a los usos de la memoria y la institucionalización de esta por el Estado para someter, de manera paralela, los archivos a una sistemática desaparición. Con el apoyo de la burocracia, las políticas hacia los registros de la guerra sucia se debaten entre un constante esfuerzo por limitar y condenar la memoria al olvido, situación que permite nuevas manifestaciones del acontecimiento, desde la revisión de las formas institucionales a las que es reducida la memoria, con lo que se cuestionan las posibilidades que ella otorga para pensar los movimientos guerrilleros subversivos. Las políticas de Estado que establecen el archivo son elementos de configuración histórica y social, delimitados mediante lo público y lo privado, que instituyen un sentido como punto político nodal de la memoria; es a partir de las leyes, la unificación y la aplicación de estas y su consecuente burocracia, que se dictaminan los marcos referenciales de la memoria. Sin embargo, esta, al ser un elemento que se estructura por el lenguaje mismo no puede ser completamente fijada a un punto de interpretación, pues escapa a los designios de sentido otorgados por las leyes: la memoria se reinventa a cada reinterpretación cuando se analiza el archivo. Estos elementos se estructuran con base en la noción de una memoria contenida en el otro como campo de contención de los significantes, y en consecuencia, las nuevas reinterpretaciones de la memoria deben eludir una función de significación única, para dar paso a nuevas vías y posibilidades de usarla en la historia y en la construcción social de sentido.
