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Una de las novedades que se incluye en la ley 39/2015, de 15 de octubre es el procedimiento para la suspensión de las sanciones administrativas. La modificación principal se centra en la imposibilidad de la Administración autora de una resolución sancionadora de proceder a su ejecución mientras se esté tramitando un recurso administrativo o jurisdiccional. Con esta medida se pretende garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.
