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Se analiza en este artículo la exigencia de independencia de los tribunales de recursos contractuales derivadas de la Directiva de Recursos, poniendo de manifiesto cómo se han desarrollado dos prácticas en nuestro sistema que cuestionan la independencia e imparcialidad de algunos de esos tribunales. Por una parte, la existencia de tribunales autonómicos y locales cuyos miembros no desempeñan la función con exclusividad, siendo posible la presencia en ellos de funcionarios que mantenga a la vez la condición de funcionario en activo de la Administración que controla, sin contar con un estatuto especial de independencia, y, por otra, la suscripción de un Protocolo entre el entonces Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Abogacía del Estado en virtud del cual Abogados del Estado destinados en diversos órganos de la Administración del Estado elaboran ponencias del Tribunal que controla a esa Administración.
