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A partir del presupuesto de la falta de definición constitucional del concepto de «ciudadano» se rechazan, por insuficientes, los argumentos de la parte recurrente en amparo para cuestionar la posible inconstitucionalidad de los preceptos de la LOREG que habilitan para llevar a efecto una restricción en el ejercicio de derecho de sufragio activo por razón de la capacidad intelectual de la persona del votante cuando ya se ha llevado a cabo un previo proceso judicial de incapacitación.
