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Eugenio Bregolat y Obiols
En la República Popular China no hay democracia, pero sí existe una opinión pública cada vez más exigente. El poder la ausculta para basar en ella su actuación.
Participé en septiembre de 2015 en Pekín en el encuentro anual "El Partido y el Mundo", organizado por el "Centro para Estudios del Mundo Contemporáneo", el think tank del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh). Me sorprendió el anuncio, unos meses antes, del tema de discusión propuesto: la corrupción, dada su extrema sensibilidad política. Esa elección confirma la máxima prioridad que Xi Jinping otorga a la guerra contra la corrupción, la voluntad de mayor apertura del PCCh al mundo y la intención de detectar buenas prácticas de otros países que puedan ser útiles para China. Tomaron parte expresidentes y exprimeros ministros de varios países, así como personalidades, expertos e intelectuales chinos y extranjeros.
Desde el inicio de la reforma económica, en 1978, tanto a causa de su propio éxito como de las nuevas consignas ("enriquecerse es glorioso", proclamó Deng Xiaoping) se registró un gran auge de la corrupción, denunciado por todos los dirigentes chinos. Ya Deng sentenció: "Sin lucha contra los crímenes económicos, las cuatro modernizaciones y la política de reforma económica y apertura al exterior fracasarán". Jiang Zemin, secretario general del PCCh, dijo en 2002: "Si no luchamos contra la corrupción con firmeza, los lazos de sangre que unen al Partido y al pueblo sufrirán un grave deterioro; y el Partido correrá el peligro de perder el poder e incluso de sumirse en la autodestrucción". El entonces primer ministro, Zhu Rongji, en tono más dramático espetó: "Preparad 100 ataúdes para los corruptos y uno para mí por si caigo en la batalla". En su informe ante el XVIII Congreso, en 2012, Hu Jintao reiteró: "La solución incorrecta al problema de la corrupción causaría un daño fatal al partido y podría ocasionar tanto su ruina como la del Estado"
