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Fernando Sarmiento Santander
El día después del acuerdo se vivirá de forma distinta en las regiones, el principal escenario de la guerra. Desde el desarme y la movilización, hasta la justicia y la reintegración serán imposibles sin la participación activa de la sociedad civil y el desarrollo regional.
Colombia se encuentra a las puertas de finalizar el proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana. Solo falta concretar los acuerdos en la mesa de diálogo y encontrar la voluntad de las partes para dar el paso hacia un mecanismo de refrendación ciudadana. Pero más allá, el país ha tomado conciencia de que la fase de implementación de los acuerdos puede ser tan compleja como el conflicto mismo. Por su parte, el movimiento por la paz ha venido presionando para cumplir un papel más activo en el diseño de los mecanismos de implementación. La sociedad civil ha hecho aportaciones, ciertamente importantes, pero se busca una participación más activa de líderes políticos y organizaciones sociales para construir los consensos necesarios que pongan en marcha dinámicas realistas y sostenibles de paz en las regiones. Es decir, la perspectiva regional cobra mayor realce en el proceso de construcción de paz a futuro, en tanto se requerirá un tratamiento diferencial para la implementación de los acuerdos, dado que las regiones presentan conflictos particulares, que no son suficientemente abordados en una agenda de negociación nacional.
Desde esta perspectiva, cobra relevancia el enfoque de paz positiva, desarrollado por el sociólogo noruego Johan Galtung, refiriéndose a una paz con justicia social, equidad y bienestar económico. La fase de implementación de los acuerdos no se refiere únicamente a finalizar la guerra y facilitar la reinserción de los combatientes. Debe enfocarse a la reconstrucción de las regiones, reconociendo dinámicas políticas, económicas, sociales y culturales que les son propias y buscando la integración de estas entre sí y con la nación, en la perspectiva de la paz como proyecto nacional. Tras el proceso en La Habana, se deben asumir estos retos. Es necesario abrir escenarios públicos de concertación regional, que pongan en relación a los actores del sector oficial, el privado, la comunidad internacional y los diversos sectores de la sociedad civil para avanzar en la construcción de paz, respondiendo de forma concreta a las particularidades regionales.
Hay que reconocer que la agudización del conflicto armado ha transformado el repertorio de la movilización social y dado cuenta de cómo las promesas incumplidas y demandas sociales no atendidas por el Estado colombiano (en infraestructura, impacto de economías extractivistas, etnoterritorios y derechos humanos) han sido utilizadas por los grupos guerrilleros para legitimar sus acciones durante más de 50 años. No obstante, la capacidad de las organizaciones sociales para emprender procesos de concertación ha demostrado importantes alcances aún en periodos tan complicados como la expansión del paramilitarismo. La formación política y de identidades colectivas alrededor de un objetivo común, la intermediación, la cohesión interna, la creación de códigos y la conformación de nuevos actores, son solo algunos de los mecanismos de mayor efectividad utilizados por las iniciativas de paz
