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Adrián Bonilla Soria
El papel de Colombia entre los mayores productores de cocaína y heroína situó el conflicto en el campo y atrajo a las guerrillas. La desmovilización de los últimos años y la posibilidad de la paz no alteran el mercado de la droga, hoy en manos de bandas criminales.
Colombia ha sido desde principios de la década de los noventa del siglo XX uno de los mayores productores de dos de los psicotrópicos ilegales de mayor visibilidad global: cocaína y heroína. Estamos ante un fenómeno internacional. Drogas de origen latinoamericano se usan en todo el hemisferio occidental, en Europa y también en Asia. Las rutas de su tránsito a distintos mercados atraviesan todos los continentes. Las políticas públicas para su control, ligadas a la prohibición, son fenómenos políticos y sociales también de carácter global. El problema mundial de las drogas es un hecho social, cultural y económico que articula toda la institucionalidad internacional punitiva y que tiene impactos de diferente intensidad en cuanto a salud pública, finanzas y seguridad en distintos países.
En Colombia, al igual que otros países asolados por las consecuencias de la producción y el tráfico de drogas ilegales, el fenómeno ha atravesado desde sus orígenes la pirámide de una sociedad jerárquica y estratificada. La evidencia de las últimas tres décadas señala que los actores son múltiples: campesinos cultivadores, operadores de los rudimentarios laboratorios que refinan las sustancias, comerciantes de precursores químicos, cárteles y cartelitos de pequeños, medianos y grandes traficantes, elementos de las fuerzas de seguridad, oficiales corruptos, bandas criminales y guerrillas que operan en territorios de cultivo, funcionarios de la banca, empresarios que eventualmente son interpelados por estas dinámicas, políticos locales y nacionales� Al igual que en cualquier otra parte del mundo donde hay producción y mercado, la rentabilidad debida a la ilegalidad articula numerosas interdependencias que finalmente se expresan en un escenario transnacional. En América Latina, y en Colombia en particular, la explicación del fenómeno de las drogas interpela a una dimensión de la economía política internacional, más allá de actores específicos domésticos como las guerrillas, la banca, los funcionarios públicos, las fuerzas militares y policiales o las bandas criminales organizadas.
El papel de Colombia en la economía política del narcotráfico no existe de forma aislada de otras sociedades nacionales. La violencia que se desata, por ejemplo, en México, la inseguridad ciudadana en Centroamérica, el hacinamiento de las cárceles estadounidenses, la prosperidad de varias cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales, son asuntos vinculados. Por ello, al identificar de forma específica en manos de quién está el narcotráfico, la respuesta es que esas manos son muchas y ubicuas.
A lo largo de las últimas décadas, el narcotráfico y los esfuerzos por controlarlo sufrieron diferentes mutaciones en Colombia. En una etapa temprana los narcotraficantes intentaron establecer vínculos directos de influencia en el aparato político y judicial colombiano; en otra, caracterizada por la existencia de grandes cárteles, estos retaron al Estado y generaron actos indiscriminados de violencia que se expresó en eventos terroristas de una ferocidad extraordinaria. Estados Unidos tuvo un papel muy importante en las décadas siguientes; en una tercera fase, desde los años noventa, impulsó sistemáticamente el recurso de la extradición y apoyó la militarización en el combate contra el narcotráfico; y luego, ya en este siglo, se alentó el Plan Colombia, originalmente pensado como un proyecto de desarrollo alternativo pero que terminó convirtiéndose en un instrumento de lucha antisubversiva. Un último episodio de la historia reciente es el que se identifica con la intención del Estado colombiano de desmovilizar de forma negociada varias entidades armadas. Primero fueron los paramilitares de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyos vínculos con personajes e instituciones de la vida pública y gubernamental fueron notorios y facilitaron el proceso, y en los últimos años, las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
