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Juan Vicente Bachiller Cabria
La sucesión de hechos económicos, sociales y políticos que ha desembocado en el "impeachment" de Dilma Rousseff sirve de guía de las reformas que necesita la democracia brasileña. La más urgente es la del sistema electoral y de partidos, seguidas por la reforma fiscal.
Entre 2003 y 2013 Brasil atravesó un periodo de crecimiento económico sostenido y redistribución de renta en el que una coyuntura favorable y un conjunto de políticas exitosas propiciaron que aproximadamente 22 millones de personas abandonasen la pobreza y pasasen a formar una incipiente clase media. La llamada "década inclusiva" vino a dotar de contenido sustantivo a la democracia brasileña, coronando así dos décadas y media en las que se sucedieron con éxito, primero, la consolidación del régimen político y, después, las reformas para dotar de estabilidad y de eficacia a sus instituciones. Este largo periodo de avances políticos, económicos y sociales acabó abruptamente con la doble crisis económica y política que desde 2014 asola el país. Si bien el sistema democrático no se encuentra en peligro y es posible que buena parte de los logros económicos y sociales de las últimas décadas resistan a la coyuntura negativa, sí es cierto que se ha quebrado la perspectiva de que la nación, aunque lentamente, caminaba por una senda de progreso. De esta forma, en la actualidad el descontento con la situación que atraviesa el país se ha convertido en una crisis de desconfianza generalizada en las instituciones.
Según datos reciente de Latinobarómetro, una abrumadora mayoría de los brasileños desaprueba los servicios públicos básicos; por citar los más representativos, un 78% de los ciudadanos está insatisfecho con la salud pública, un 74% con la policía y un 69% con la educación. El descontento generalizado y los recientes escándalos políticos han hecho que aproximadamente un 35% de la población considere que la corrupción o la política son el principal problema del país. Asimismo, un 87,5% manifiesta no tener confianza en los partidos políticos, un 79,8% en el gobierno, un 76,8% en el Parlamento, un 71,8% en el propio Estado, y un 63,9% en la justicia.
Del descontento a la antipolítica y el nacionalismo A este estado de cosas se ha llegado tras una escalada de acontecimientos relacionados con la mencionada doble crisis económica y política que ha culminado con la caída del gobierno de Dilma Rousseff mediante un proceso de impeachment de dudosa legitimidad, sin que la solución de un gobierno interino parezca ser suficiente para hacer frente a los problemas que acucian al país
