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Juan Daniel Elorza Saravia
La trayectoria del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, desde el No en el plebiscito a la refrendación en el Congreso, tendrá efectos sobre la reconciliación que necesita el país.
El nuevo y reformado acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) ha sido ratificado por el Congreso de la República sin votos en contra, tanto en el Senado como en la Cámara de representantes. Esto, que podría ser un feliz titular de prensa, comunicando la buena nueva del camino hacia la paz, se ha convertido en una de las mayores causas de polarización social de la historia reciente de Colombia y una de las pruebas más duras a las que se somete el modelo democrático de la Constitución de 1991.
El gobierno de Juan Manuel Santos había decidido acogerse al plebiscito como mecanismo de ratificación popular para los primeros acuerdos. Esta decisión le supuso un fuerte revés cuando, tras una campaña mediática plagada de manipulación y mentiras, el 2 de octubre, por un margen muy estrecho y con una abstención de más del 60%, los convocados a las urnas rechazaron esos acuerdos de paz.
Independientemente de si el acuerdo actual es o no distinto del primero tras las 26 reformas introducidas por exigencia de la campaña del No (reformas que significan avances en unos puntos y un franco retroceso en otros), el nuevo texto, por diferente que sea, sigue siendo la materia para la que se convocó al pueblo. ¿Hasta qué punto es legítimo, entregarle al pueblo, titular de la soberanía, la decisión de un asunto tan importante para luego arrebatárselo y dejar su decisión en manos del Parlamento como su representante? Se trata del viejo dilema entre democracia directa y democracia representativa, pero en Colombia este conflicto presenta un perfil muy particular, teniendo en cuenta el modelo de democracia constitucional que asumió el país.
El modelo democrático de 1991 La Constitución colombiana de 1991 nació y se forjó a través de los mecanismos participativos (promovidos por el movimiento de la Séptima Papeleta), aunque estos no estaban contemplados por la anterior Carta Magna de 1886 como vía para su reforma. En virtud de su origen y legitimación democráticos, el nuevo texto constitucional pretendió abrir el espectro de la participación, intentando arrancar algo de poder de las manos de unas instancias políticas representativas, altamente elitistas, para entregárselo al pueblo soberano. Desde hace 25 años la legislación y la administración del país a todos los niveles repiten la misma cantinela que se enseña en las facultades de Derecho: que Colombia es una democracia participativa y pluralista
