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Juan José Fernández Domínguez 
La responsabilidad pública, penal y administrativa, constituye un magnífico lugar para observar la dimensión final de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que la ley hace pesar sobre empresas de trabajo temporal y empresas usuarias. Acaecido el siniestro de un trabajador en misión, el criterio judicial o administrativo al delimitar la imputación de una pena o sanción (cuando hubiere lugar a las mismas) sirve para aquilatar la concreta distribución de los distintos deberes; para mostrar, al tiempo, cómo la realidad se encarga de unir cuanto la norma presenta con aparente separación
Public (criminal and administrative) responsibility provides a very appropriate place to observe the final dimension of preventive obligations that the law imposes both the temporary work agency and the client. When the temporary agency worker has suffered an accident, the imputation of a penalty or an administrative sanction serves to appraise the distribution of the specific duties; at the same time, it’s useful to show how reality often joints together what the norm apparently puts asunder.
