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María Luisa Moreno-Torres Herrera 
Es un hecho frecuente que cuando se origina una crisis matrimonial, esté vigente el préstamo hipotecario concertado en su día por los esposos para la adquisición de un inmueble (que suele ser la vivienda habitual), suscitándose la cuestión de la proporción en la que los cónyuges divorciados deberán atender a su pago. El Tribunal Supremo se ha pronunciado en varias ocasiones sobre este problema, si bien su doctrina es menos rotunda y clara de lo que se piensa. En el artículo se realiza un análisis crítico de las decisiones judiciales sobre el tema, poniendo de relieve sus inconvenientes y las razones que hacen aconsejable un cambio de criterio, al tiempo que se propone una nueva vía de solución que no coincide tampoco con las formuladas hasta el momento por los autores.
