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Emma Álvarez Bayón
Son muchos y variados los problemas que se suscitan en torno a la tramitación de los expedientes disciplinarios. Sin embargo, estos no finalizan con su Resolución, sino que se extienden a la fase de ejecución de las sanciones disciplinarias.
El presente estudio aborda las dificultades prácticas que se plantean en torno al momento a partir del cual puede ejecutarse la sanción disciplinaria, identificándolas y sistematizando las respuestas que ofrecen al respecto la jurisprudencia y la doctrina. No obstante, interesa señalar de forma previa que las cuestiones que se plantean son diferentes en el caso del personal laboral y el personal funcionario, al ser distintos los regímenes jurídicos aplicables a uno y otro colectivo.
También constituirá una parte importante de este estudio el impacto que ha tenido en el tema planteado la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la Ley 40/2015, de la misma fecha, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Por último, procede poner de manifiesto que si bien la exposición se centra en la determinación del momento a partir del cual son ejecutables las sanciones disciplinarias impuestas al personal funcionario y al personal laboral que presta servicios en la Administración castellano-leonesa, los problemas que se plantean tienen una dimensión que excede los límites autonómicos y por ello las respuestas a estos se afrontan desde decisiones judiciales de distintos ámbitos territoriales, así como desde artículos doctrinales de ámbito general
There are many and varied problems around the handling of disciplinary proceedings. However, they do not end up with its resolution, but extends to the implementation phase of disciplinary punishments.
This study addresses the practical difficulties that come up around the appropriate moment to implement them, identifying and systematizing the answers offered by jurisprudence and doctrine. However, it is important to point up that the arose issues have a different treatment for civil servants and the labor workforce, due to their different legal status.
We will also take into account the impact of the new laws of administrative proceeding —Law 39/2015, October 1st— and the public sector —Law 40/2015, October 1st — on this subject.
Finally, it is important to show up that this article focuses on the right moment to make enforceable a disciplinary punishment for public employees serving in the Administration of Castile y Leon. Yet, the posed questions exceed the regional boundaries. For this reason, answers are faced up with doctrinal articles and court decisions from different territories
