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Pablo Mascareñas Nogueiras
El sábado 25 de abril de 1998 ha pasado a formar parte de la cada vez más larga lista de fechas negras para el medio ambiente en España. La incompetencia de la administración central y la Junta de Andalucía para evitar, y más tarde paliar los efectos de la catástrofe, condujeron inexorablemente al vertido de 5 millones de metros cúbicos de lodos y aguas tóxicas al río Guadiamar. Este atentado ha puesto en peligro el futuro del ecosistema de Doñana, una de las zonas de mayor valor ecológico de nuestro país y de Europa, y ha desestabilizado el desarrollo de la economía agrícola y pesquera de la Vega del Guadiamar y del estuario del Guadalquivir.
