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Julio Lacuerda Castelló
El gobierno trata de distorsionar los hechos al alegar que la sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre el conflicto con los funcionarios públicos afecta al principio de separación de poderes. El Ejecutivo, al intentar eludir su responsabilidad de pagar la deuda pone de manifiesto lo peligroso que resulta utilizar la arbitrariedad como arma de poder
