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En el presente artículo se analizan las principales novedades introducidas por la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el procedimiento de elaboración de disposiciones generales. Se tratan asimismo los principios de buena regulación a los que las Administraciones Públicas han de ajustar el ejercicio de la potestad reglamentaria.
