La satisfación inicial con que la sociedad española ha recibido el Pacto de Estado para la reforma de la justicia, suscrito por el PP y el PSOE, se ha visto frustrada por las dificultades de las negociaciones para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. En el proceso de elección del CGPJ se han reproducido "viejas prácticas" que ponen en entredicho la propia letra del pacto.