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La escuela pública española está todavía lejos de la definición que hace nuestra Constitución del Estado aconfesional. Vivimos una realidad educativa heredada de la escuela confesional del franquismo, donde la Iglesia católica impone la enseñanza de la religión en virtud a unos acuerdos de 1979, que el estado debería dar por concluidos para avanzar en la legalidad constitucional de una vez por todas
