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Horacio Guillermo Anibal Corti 
En muchas ocasiones los Estados alegan que carecen de recursos financieros para justificar lesiones de derechos fundamentales o el incumplimiento de estándares constitucionales. La situación adquiere más intensidad en épocas de crisis cuando se implementan planes de ajuste o medidas de austeridad. Las reducciones de gasto público afectan sustancialmente a los derechos fundamentales sociales. Este trabajo se centra en la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Argentina donde el tribunal, desde la década del noventa, examinó críticamente la defensa del Estado basada en sus restricciones presupuestarias. Se examina también brevemente la jurisprudencia estadounidense que se remonta al inicio de los años setenta y que puede verse como antecedente de algunas decisiones argentinas. A partir de los casos examinados se propone una clasificación de cuatro modelos de control judicial de las restricciones presupuestarias, que puede permitir presentar de forma racional la experiencia judicial comparada: fuerte (basado en la primacía de los derechos fundamentales), semifuerte, moderado y un último modelo basado en la autolimitación judicial.
Many times States claim that they lack of economic resources in order to justify their infringements on fundamental rights and also to break constitutional standards. The situation becomes more intense in times of economic crisis when the Governments implement adjustment programmes or austerity measures. Reductions in public spending substantially affect fundamental social rights. This paper focuses on the jurisprudence of the Supreme Court of Argentina, which critically examined the argument of the State based on its budgetary constraints since the 90’s. It also briefly covers US jurisprudence dating back to the early 1970’s which can be seen as the antecedent of some Argentine rulings. Based on the analyzed cases, a classification of four models of judicial control on budgetary constraints is proposed, which may allow a rational way to show the judicial practice in both States: strong (based on the primacy of fundamental rights), semi-strong, moderate and one last model based on judicial self-restraint
