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María del Carmen Núñez Zorrilla
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estableció un marco regulador que garantizaba a los menores una protección uniforme en todo el territorio del Estado, y que sirvió de referencia a las Comunidades Autónomas. Pero transcurridos ya 20 años desde la aprobación de la misma, se han producido importantes cambios sociales que afectan a la situación de los menores, que demandan una mejora en sus instrumentos de protección jurídica. Desde el ámbito jurídico, se ha producido una evolución y un cambio sustancial en la forma de concebir la capacidad del niño, que pasa a ser contemplado como un individuo con opiniones propias que habrán de ser atendidas en consonancia con su capacidad y madurez. En este nuevo entorno se modela un nuevo concepto del interés superior del menor, que ha variado en su metodología de interpretación y de aplicación, para adaptarse a las nuevas circunstancias y necesidades sociales. Resultado de este proceso de reforma han sido la entrada en vigor de dos leyes que se han ido tramitando en paralelo: - la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y – la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
The Organic Law 1/1996 of 15 January, Legal Protection of Minors, partially amending the Civil Code and the Civil Procedure Act, established a regulatory framework guaranteeing minors uniform protection throughout the territory of the State and served as a reference to the Autonomous Communities. But after 20 years since its adoption, there have been major social changes affecting the situation of minors, who demand an improvement in their instruments of legal protection. From the legal field, there has been an evolution and a substantial change in the way of conceiving the child's capacity which becomes regarded as an individual with opinions of his/her own to be met in line with their ability and maturity. In this new environment a new concept of the best interests of the child, which has changed its methodology of interpretation and application, to adapt to new circumstances and social needs is modeled. Result of this process of reform have been the entry into force of two laws that have been processed in parallel: - Organic Law 8/2015, of July 22, modifying the system of protection of children and adolescents, and - Law 26/2015, of July 28, modifying the system of protection of children and adolescents.
