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Eduardo Torre Cantalapiedra
En el año 2010, la legislatura de Arizona promulgó una de las leyes más duras de la nación respecto de los inmigrantes indocumentados: la Ley Arizona sb 1070. Algunos expertos argumentan que los entes subnacionales no deben aprobar políticas relacionadas con la inmigración a causa de los efectos negativos que las represalias de terceros países tendrían sobre las relaciones diplomáticas y económicas de Estados Unidos con aquéllos y sobre su propia economía. En sentido opuesto, Spiro (1994 y 2001) señala que en la actualidad los estados distinguen cuando una medida corresponde a un ente subnacional, dando respuestas focalizadas al mismo y no en contra del país en su conjunto. El objetivo de este trabajo es analizar hasta qué punto el panorama actual de las relaciones entre México y Estados Unidos corresponde a una de estas dos perspectivas. Asimismo, se ubica esta discusión particular en el debate más amplio sobre si los estados de la Unión Americana podrían o deberían asumir un papel más activo en la gestión migratoria. Para el logro de estos objetivos se analizan las respuestas mexicanas frente a la aprobación de la sb 1070 y los efectos de la misma sobre las relaciones entre ambos países.
The Arizona Congress issued in 2010 one of the toughest acts concerning undocumented immigration -the Arizona sb 1070. Some experts argue that subnational agencies should not pass immigration related policies in view of the potential negative impact of retaliation by third countries on both the diplomatic and economic relationships between the US and those countries and on their own economy. Conversely, Spiro (1994; 2001) stresses that nowadays states can identify whether a measure has been taken by a subnational agency in particular, and they can thus implement a focused reaction rather than targeting the whole country. The purpose of this work is to establish to what extent the current status of Mexico-US relationship is represented by either one of those perspectives. Also, this particular discussion is placed within the broader issue concerning whether the US states could and/or should play a more active role on immigration management. Bearing these goals in mind, we explore Mexico’s reactions to the sb 1070 passage as well as the impact of the Arizona Act on US-Mexican relations.
