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La transición política de España (1975-1985), desde el anterior régimen autoritario hacia una democracia «sostenible», es un periodo histórico de fuertes connotaciones políticas que muchos están recordando en la actualidad. Sin embargo, pocos se acuerdan con precisión del contenido económico del periodo. Contenido que, a diferencia de lo sucedido en el dominio de la política, tuvo más vetas negativas que positivas.
Ciertamente, el recuerdo de lo que sucedió económicamente en aquellos años podría ayudar en nuestros días a tomar decisiones políticas más acertadas. En aquel tiempo muchos pensaban que la economía seguiría a la política, y que los costes económicos de la transición política no serían significativos. Pero se equivocaban.
A la consecución de una importantísima redistribución de la renta llevada a cabo hasta 1980, a través de los presupuestos del Estado y del mercado laboral, en un contexto económico global marcado por las crisis del petróleo de 1973 y 1979, le siguieron varios fenómenos profundamente negativos: el crecimiento del desempleo hasta cotas desconocidas hasta entonces (del 22,2 por 100); el semiestancamiento económico, con ritmos de crecimiento del PIB per cápita medio anual, en el periodo 1975-1985, especialmente bajos (del 0,8 por 100); el crecimiento relevante de la divergencia económica real –en términos de PIB per cápita– con los países europeos; y la generación de una tasa inflacionaria, en principio desbocada, y más tarde atemperada por los Pactos de la Moncloa (1977), que nunca bajó de los dos dígitos hasta 1985.
