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Emmanuel A. Jiménez Franco 
Conviene preguntarse si la actual situación de retraso en la resolución de los conflictos por la vía tradicional impugnatoria del acto administrativo garantiza de forma efectiva el derecho fundamental a una buena administración, que incluye el derecho de toda persona a ser tratado de forma imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. Ante esta tesitura, se propone una mejora del control administrativo de las Administraciones Públicas en España, a partir de una regulación general y básica de órganos administrativos independientes especializados (OAIE) en la resolución de recursos administrativos.
