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Carlos Javier Martínez Muñoz
La reforma del Código Penal español en 2010 introdujo la libertad vigilada entre las medidas de seguridad no privativas de libertad. Esta medida es aplicable, entre otros, a los terroristas, justificándose en la protección de las víctimas potenciales, la peligrosidad del sujeto y las dificultades de reintegración. Sin embargo la realidad es que la medida corre el riesgo de convertirse en un control excesivo y prolongado de los delincuentes que ya han cumplido su condena.
