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María Jesús García Morales 
En el Estado autonómico, la cooperación es una pieza básica como en cualquier sistema políticamente descentralizado. En el panorama comparado, España es uno de los países donde la cooperación se halla más regulada por el Derecho.
Sin embargo, esa regulación no siempre ha impulsado un buen uso de los instrumentos cooperativos. En el presente trabajo, se analizan tres niveles:
la dimensión vertical, la dimensión horizontal y la dimensión europea de las relaciones cooperativas, tanto en la norma, como en la aplicación de la norma, lo que permitirá concluir que en el sistema español la regulación de la cooperación ha aportado muchas veces cambios jurídicos y expectativas de cambio, pero no cambios reales en la praxis de la cooperación, ni un mejor uso de los instrumentos existentes. La nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público constituye, por el momento, el último eslabón en el proceso de regulación de los órganos de cooperación intergubernamental. Aunque contiene algunas novedades, con su entrada en vigor en octubre de 2016, difícilmente se podrán suplir ex lege los déficits de la cooperación en España.
