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Este artículo plantea la problemática relativa a la aportación procesal de correspondencia privada entre letrados, poniendo de manifiesto la mayoritaria doctrina judicial que se muestra favorable a su admisibilidad como prueba, si bien el autor del estudio destaca la reprochable actuación del abogado que aporta dicha correspondencia vulnerando la prohibición contenida en las diversas normativas deontológicas reguladoras de la Abogacía.
