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Jorge Fondevila Antolín
En estos últimos años se ha podido constatar la existencia de un proceso involutivo en el Estado de las Autonomías, de forma que estamos en presencia de una recentralización de facto, sin acudir para ello a una obligada reforma constitucional como sería lo correcto, y que incluso es extensible a las entidades locales que han sido objeto de un duro ataque en su autonomía local por medio de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre (LRSAL). Y así, nos encontramos con un nuevo episodio de este proceso, que es el originado por la imposición por el Estado Central (A.G.E.) a las Comunidades Autónomas para la firma de unas adhesiones forzadas a los sistemas y plataformas informáticas estatales si estas quieren acceder al Fondo de Liquidez Autonómica, articuladas al amparo de la Orden PRE/710/2016, de 12 de mayo, por la que se publicaba el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 31 de marzo de 2016, la cual presenta claros problemas de legalidad y de implementación técnica.
