La suficiencia de las pensiones públicas se encuentra en una grave situación al verse comprometido su futuro por el aumento de los gastos y el descenso de la recaudación, debido en gran medida al deterioro de los salarios, a la fuerte caída de las cotizaciones de los desempleados, así como a las pérdidas registradas en la recaudación de la Seguridad Social. De ahí que resulte necesaria una reforma del sistema, entendida no como una cuestión meramente técnica, sino como un asunto político. En un Estado social y democrático de derecho el acceso a una pensión suficiente en la vejez es un derecho que los poderes públicos tienen el deber de proteger con fuentes de financiación oportunas.