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Ana Belén Prósper Almagro
Cuando la Comisión Europea emite una Decisión ordenando la devolución de los importes de las ayudas de Estado declaradas ilegales por resultar las mismas incompatibles con la libre competencia dentro del mercado interior común, enfatiza acto seguido que dicho retorno monetario deberá ejecutarse de manera inmediata y efectiva. Sin embargo, la normativa europea no prevé un procedimiento específico a través del cual encauzar esta devolución, pues la misma meramente se encarga de delegar esta recuperación a través de los procedimientos del Derecho nacional del Estado miembro interesado. Pero es más, pues la normativa tributaria española tampoco preveía un procedimiento especialmente encargado de canalizar legalmente esta devolución. Una situación aún más deteriorada ante los continuos pronunciamientos de nuestro Tribunal Supremo anulando los actos administrativos de recuperación de las ayudas de Estado ilegales por no respetar las mínimas garantías procesales, como el derecho a ser oído, y las correlativas condenas del TJUE a España por incumplir los plazos de recuperación estipulados en las Decisiones procedentes de la Comisión Europea. Ante esta disyuntiva, la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley General Tributaria ha introducido finalmente en nuestro ordenamiento tributario un nuevo Título VII destinado específicamente a regular un procedimiento ad hoc de recuperación de ayudas de Estado ilegales. En este marco, el objetivo de la presente comunicación descansa en la idea de analizar las principales características de este nuevo procedimiento, su adecuación a los estándares europeos y su engranaje dentro de nuestro ordenamiento tributario. Si bien, con anterioridad a ello, efectuaremos un breve recorrido por el concepto de ayuda de Estado y las diversas consecuencias resultantes de dicha declaración. En definitiva, ofrecer una bienvenida crítica a este nuevo régimen jurídico y desgranar a través del mismo los nuevos frentes que se nos plantean.
