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Teresa Pontón Aricha 
La modificación de la Ley General Tributaria introduce un nuevo recurso contra la ejecución de las resoluciones económico administrativas, se trata de un paso lógico en el desarrollo de la materia por la reciente reaparición del tema en la jurisprudencia y doctrina nacional, dónde se constatan numerosos problema para materializar el contenido de la resolución estimatoria adecuándolo a la realidad. El primer objetivo de la reforma es contribuir a la mejora de la seguridad jurídica, tanto de los contribuyentes como de la Administración misma, en la aplicación de los tributos, así como la reducción de la litigiosidad en nuestra disciplina; de esta manera se alcanza un sistema tributario más justo a través de los procedimientos oportunos, siendo la Ley General Tributaria, el texto codificador por excelencia en la materia, el vehículo adecuado para alcanzar esos objetivos, y, en este caso completar la ejecución de resoluciones económico administrativas. En la comunicación analizaremos la evolución del antiguo incidente de ejecución desde el extinto RPEA hasta el nuevo artículo 241.ter de la actual Ley General Tributaria, que lo convierte en un recurso autónomo contra la ejecución de resoluciones económico administrativas, para así poder establecer sus perspectivas de futuro, su afectación al sistema de recursos y a los objetivos de la reforma. Por primera vez se trata con rango de ley un tema capital que parecía olvidado por el legislador, la ejecución de las resoluciones de los Tribunales Económico Administrativos.
