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Ernesto Eseverri Martínez 
Las modificaciones introducidas en la LGT por la Ley 34/2015 en materia de prescripción clarifican el alcance en el tiempo de las actuaciones administrativas desarrolladas en orden a la aplicación de los tributos, permitiendo que las de comprobación e investigación se ejerciten sin límite temporal siempre que resulten necesarias para regularizar obligaciones no prescritas, con la excepción de las efectuadas para la regularización de créditos fiscales declarados por los obligados tributarios que prescriben a los diez años.
De mayor calado y perfiles más indeterminados por sus consecuencias jurídicas, resulta la modificación del artículo 68.7 LGT en punto a la interrupción del plazo de prescripción del derecho a liquidar y a devolver de las llamadas obligaciones tributarias conexas cuando queda interrumpido el plazo de prescripción de una obligación con ellas relacionada, dado que en algunos casos, será necesario precisar el alcance de las actuaciones de regularización en esas obligaciones, determinar intereses de demora en caso de anulación de la liquidación, y precisar en ellas los efectos de la preclusión una vez que haya existido liquidación administrativa firme. ¿Es momento de volver a analizar y precisar los efectos sobre la prescripción de las liquidaciones anuladas por resolución administrativa o sentencia judicial?
