Mientras no se descentralicen los recursos, las políticas públicas sobre empleo competen al gobierno central. Lo que corresponde, sin embargo, es articular estrategias urgentes de lucha contra la pobreza, pues cuando hablamos de grupos vulnerables nos referimos, necesariamente,a mujeres, jóvenes y niños/as. Y, aunque el municipio no tiene acceso a recursos genuinos para implementar políticas de empleo, la fuerza de la realidad es más poderosa que el esquema legal. La demanda socialse anticipa a la transformación normativa, obligando al municipio y su gobierno a promover acciones para generar espacios de empleabilidad.