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El acuerdo de 18 de marzo de 2016 entre la UE y Turquía intenta dar solución al problema que suponen los refugiados que llegan a Europa como consecuencia de la crisis de Oriente Medio, pero el mencionado acuerdo no establece garantías que permitan evitar diversas vulneraciones de la normativa internacional sobre asilo. Permite expulsiones masivas, no garantiza que todos los afectados puedan solicitar el asilo y reconoce a Turquía la condición de país seguro, lo que es muy discutible. Además, el acuerdo se ha realizado sin respetar la regulación de la UE sobre conclusión de tratados.
