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Ana María Lópaz Pérez 
En los últimos años, en nuestro país la palabra “crisis”, desafortunadamente, forma parte de nuestro vocabulario; crisis económica, crisis mundial, crisis de las Autonomías, etc. En medio de un clima de vaivenes políticos, no solamente en España sino también en la Unión Europea, el panorama de la financiación autonómica no puede resultar en modo alguno ajeno. En efecto, las Comunidades Autónomas han venido reclamando un mayor protagonismo al legislador estatal en los últimos años; ante la ya lejana reforma de la práctica totalidad de los Estatutos de Autonomía, no tendría nada de particular que volviesen a surgir propuestas de modificación de los Estatutos en los respectivos parlamentos autonómicos. El caso de Cataluña, especial por su tramitación y significado, alcanza sin duda un protagonismo singular en el que merece la pena profundizar. En este punto debemos plantearnos el análisis de las propuestas independentistas elaboradas por Junts Pel Si y La Cup, fundadas en “un proceso de desconexión democrática, masiva, sostenida y pacífica con el Estado Español” y su viabilidad en aras a la consecución de un Estado catalán autosuficiente. Ante esta situación, no es de extrañar que muchos autores empiecen a describir la situación creada como la “crisis del Estado autonómico”. El objetivo del presente trabajo no es otro que analizar el modelo vigente de financiación autonómica y si el mismo resulta factible y sostenible frente a los cambios políticos y sociales que posiblemente se produzcan en Cataluña y, previsiblemente, en otras Comunidades como el País Vasco. Tras una introducción, en la que trataremos de describir el estado de la cuestión, estudiaremos los posibles escenarios reformistas venideros, sin olvidar el punto de vista del Tribunal Constitucional y del Consejo de Estado; finalmente, plantearemos algunas propuestas de futuro
