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Encarna Cordero Lobato 
El sector aeronáutico ha celebrado con entusiasmo la adhesión de España al Protocolo aeronáutico, pues se augura un abaratamiento de las operaciones financieras relacionadas con la adquisición de derechos de uso y de dominio sobre aeronaves. Esta mejora vendría facilitada por el abaratamiento de costes financieros que se predica de la supuesta efectividad y consistencia de la garantía internacional diseñada por los instrumentos de Ciudad de Cabo. El objeto de estas páginas es examinar en qué medida el régimen legal español aplicable a las aeronaves permite colmar estas aspiraciones, y las asperezas que todavía deben limarse para que la garantía internacional pueda funcionar adecuadamente en las operaciones con aeronaves matriculadas en España.
