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En los últimos años se ha avanzado mucho en la protección a los Derechos Humanos en América Latina. En el caso de México, una reforma constitucional en 2011 permitió que los tratados internacionales en esta materia formaran parte del corpus constitucional mexicano. Sin embargo, estos avances han sido aprovechados por algunos organismos internacionales para promover sus agendas particulares valiéndose de sus credenciales y del desconocimiento del derecho internacional para presionar a las autoridades nacionales con afirmaciones que distorsionan el contenido de los tratados o que pretenden darle fuerza vinculante a documentos que no la tienen. En México, esto fue documentado en 2014, en el estado de Nuevo León. Este artículo ofrece un análisis de dicha situación, así como una revisión del derecho internacional y su obligatoriedad para los Estados
In recent years much progress has been made in protecting human rights in Latin America. In the case of Mexico, a constitutional reform in 2011 allowed international treaties on the subject to become part of the Mexican constitutional corpus. However, these advances have been used by some international organizations to promote their own particular agendas, using their credentials and the lack of knowledge of international law to pressure national authorities with statements that distort the content of treaties or pretend to give binding force to documents that do not have such force. In Mexico, this was documented in the state of Nuevo León, in 2014. This article provides an analysis of the situation and a review of international law and its binding force for States
