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Iñigo de Miguel Beriain 
, Elena Atienza Macías
La actual crisis del sistema público de salud ha provocado la incentivación del uso de los seguros privados de salud. Varias comunidades autónomas en España han incluido ya deducciones fiscales para las primas satisfechas por este concepto. El presente artículo está destinado a analizar críticamente este tipo de iniciativas frente a otras que podrían cumplir ese mismo objetivo de manera mucho más eficaz, sobre la base del principio de que lo que ha de ser deducible es el ahorro de coste real para la administración pública. Con este fin se ha estudiado la normativa actual, tanto española como comunitaria, así como las propuestas de modificación más relevantes. También se han analizado los estudios técnicos más actuales, como el de IDIS. El resultado fundamental de tal estudio estriba en que no hay evidencias de que una deducción en las primas de los seguros de salud sea una exigencia de la justicia, ni tampoco cabe pensar que su eficiencia global sea tan elevada como sus proponentes afirman. En consecuencia, la introducción de deducciones sobre los seguros privados es razonable y puede ser útil de cara a disminuir los costes del sistema público de salud. Sin embargo, para ello es necesario asociar esas deducciones al ahorro real de costes, no a las primas satisfechas a las aseguradoras.
The current crisis in the public health system has led to enhancing the use of private insurance. Several autonomous communities in Spain have already included tax deductions for premiums paid for this item. This article is intended to critically analyze these initiatives against others that could meet the same target more effectively, based on the principle that what is to be deductible is the real cost savings for the government. To this end this paper studies the current legislation, both Spanish and EU, as well as the most relevant suggestions for amendment. The most current technical studies, such as the IDES, have been also analyzed. The main result of this study is that there is no evidence that a deduction on insurance premiums neither is a requirement of justice, nor may assume that his overall efficiency as high as its proponents claim. Consequently, the introduction of private insurance deductions is reasonable and may be useful in the face of decreasing the costs of the public health system. However, this requires associating those deductions to the real cost savings, not premiums paid to insurers.
