Acceso usuarios
Antoni Pigrau i Solé 
Este artículo aborda el caso de la Isla de Diego García y, de manera más general, el del archipiélago de las islas Chagos. Situadas bajo la administración británica en tanto que parte del territorio autónomo de Isla Mauricio, el archipiélago fue separado ilegalmente del resto de la colonia y sus habitantes expulsados, a partir del acuerdo de 1966 por el que el Reino Unido cedía la Isla de Diego García para la construcción de una enorme base militar de Estados Unidos en pleno Océano Índico. La lucha de los chagosianos para obtener una compensación justa y el derecho a regresar a su hogar se ha proyectado ante los tribunales del Reino Unido, de Estados Unidos e incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin éxito. La creación por el Reino Unido de un área marítima protegida en la zona, en 2010, pretendía asegurar que los antiguos habitantes de las islas jamás regresarían a ellas. Este hecho, que comportaba la eliminación de los derechos tradicionales de los pescadores de Mauricio en la zona desencadenó la respuesta de Mauricio, que llevó su oposición ante un tribunal arbitral, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, donde ha obtenido una victoria jurídica parcial. Cincuenta años más tarde del acuerdo entre el Reino Unido y los Estados Unidos, se abren ventanas de esperanza para las víctimas de una verdadera pesadilla, que muestra las dificultades para el ejercicio de un auténtico acceso a la justicia en el derecho internacional actual
This article discusses the case of the island of Diego Garcia and, more generally, the Chagos Archipelago islands. Placed under British administration as part of the autonomous territory of Mauritius, the archipelago was removed illegally from the rest of the colony and its inhabitants expelled from the 1966 agreement by which Britain ceded the island of Diego Garcia to the construction of a huge US military base in the Indian Ocean. The struggle of the Chagossians to obtain fair compensation and the right to return home has been brought before the courts of the United Kingdom, the United States and even to the European Court of Human Rights, without success. The establishment by the United Kingdom of a protected maritime area in 2010, actually aimed at securing the ancient inhabitants of the islands would never return. This fact, which entailed the elimination of the traditional rights of Mauritian fishermen, triggered the response of Mauritius, which initiated arbitral proceedings in the framework of the United Nations Convention on the Law of the Sea, where it has achieved a partial legal victory. Fifty years after the agreement between the United Kingdom and the United States, a window of hope seems to open for the victims of this nightmare, revealing the difficulty of the exercise of genuine access to justice in current international law
