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Emma Rodríguez Rodríguez 
Las políticas de empleo de la Unión Europea han potenciado el trabajo a tiempo parcial, como exponente de la «flexiseguridad», prevaleciendo las necesidades empresariales frente al menoscabo que ocasiona en la protección social del colectivo de trabajadores que lo integran, mayoritariamente mujeres. Es abundante la jurisprudencia europea sobre el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el empleo, así como en materia de Seguridad Social, sobre todo, en relación con asuntos referidos a la discriminación indirecta. Sin embargo, la reserva de competencias de los Estados miembros en política social ha imperado en las interpretaciones del Tribunal. El TJUE ha considerado conforme a Derecho la controvertida normativa nacional relativa a las lagunas de cotización inmediatamente posteriores al desempeño de un trabajo a tiempo parcial, a pesar de la interpretación contraria del Abogado General. Se impone la necesidad de una verdadera convergencia de los Estados miembro en materia de Seguridad Social y que el TJUE vincule el principio de igualdad con la discriminación indirecta en el trabajo a tiempo parcial. De lo contrario, se perpetuará la marginalización del empleo femenino y desprotección social, que entorpecen considerablemente el ejercicio de los derechos de conciliación y, por ende, la corresponsabilidad.
Employment policies at the European Union have promoted work on a part-time basis, as an example of «flexicurity», prevailing corporate needs over the detriment caused on the social protection of the workforce, particularly women. There are plenty of European case-law references on the principle of equality between men and women at work, as well as on Social Security and, above all, on issues related to indirect discrimination. However, the reserve of competences of the Member States in social policies has prevailed in the interpretation of the Court. The controversial national regulation in relation to the gaps of contribution coming immediately after a part-time job has been approved by the CJEU despite the opposite interpretation of the Advocate General. A real agreement of the Member States is particularly needed in relation to Social Security and that the CJEU might be able to link the equality principle to the indirect discrimination in parttime work. Otherwise, women’s employment and lack of social protection will be perpetually marginalized, which will substantially restrict the work-life balance rights and, as a result, the joint responsibility
