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Ricardo Valverde Gómez
Si se reconoce que la participación política es una de las mejores maneras de aproximar a los derechos humanos, forzosamente hay temas como la cultura democrática, la democratización, la participación electoral tanto de partidos políticos y ciudadanos como de otros actores sociales que juegan roles fundamentales en las elecciones, que deben ser tomados en cuenta. Para que las condiciones y eventuales regulaciones (o ninguna, si es que ello se enmarca en los textos constitucionales) estén muy claras para todos, sobre todo en el caso de los actores principales del proceso electoral -como son los organismos electorales, partidos y candidatos es necesario que su participación se dé en respeto de una base fundamental que es la equidad. Por eso, una de las más fecundas evoluciones doctrinarias actuales parte de la idea de que los procesos electorales deben estar caracterizados por su integridad, o sea, que todas las etapas de dicho proceso deben ser cumplidas a cabalidad para poder calificar una elección en su conjunto, en su globalidad de partes, como una buena elección. Si la teoría y la institucionalidad electoral avanzan de manera progresiva, progresista y virtuosa, se espera que las personas encargadas de dirigir organismos electorales, en particular el caso de los jerarcas que asumen el delicado papel de administrar justicia electoral, estén profesional y técnicamente, pero sobre todo filosóficamente a la altura del papel histórico y político que deben jugar
If political participation is recognized as one of the best ways to address human rights; then, by the same token, there are topics such as democratic culture, democratization, electoral participation of political parties and citizens, as well as of other social actors which play fundamental roles in elections, that need to be taken into account. In order for the conditions and eventual regulations (or the lack of it if it is so established in the constitutional texts) to be clear for all, especially regarding the main actors of the electoral process such as electoral bodies, parties and candidates, it is necessary that their participation respect the fundamental aspect of equality. Thus, one of the most fecund current doctrinary evolutions arises from the idea that electoral processes are characterized by their integrity, which means that all stages of this process must be carried out as planned in order to qualify as a good election. If theory and electoral institutionality advance progressively and virtuously; then, the people in charge of heading electoral bodies, particularly those with the difficult task of administering justice, are expected to be professionally and technically, but most importantly philosophically up to the historical and political role they have to play
