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Miguel Ángel Martínez Badenes
La crisis económica es una realidad que ha azotado en los últimos tiempos los territorios europeos. Frente a la misma, muchos Estados han adoptado medidas de recorte en el ámbito de los derechos sociales. Para ello, se han amparado en una imposición de primacía de la sostenibilidad económica impuesta por la Unión Europea, justificándola en un mandato supranacional e insoslayable. Pero estos razonamientos han devenido incompletos e inexactos en muchos de los casos, por cuanto han olvidado que gran parte de esos territorios se veían vinculados, no sólo por lo dispuesto por el derecho comunitario, sino también por lo dispuesto por otros tratados ratificados por esos mismos Estados y que impedían adoptar esas medidas: En concreto nos referimos a la Carta Social Europea y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este artículo confrontaremos estas tres perspectivas, reflexionando en torno a cómo debieren haber actuado los Estados frente a las contradicciones y hacia donde deberían orientarse las medidas anticrisis en el territorio europeo
