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Benjamín Marcheco Acuña
El reconocimiento y activación, desde la Constitución, de mecanismos para la defensa por los ciudadanos de sus derechos e intereses legítimos ante del poder, ocupa hoy un lugar común en los sistemas jurídicos contemporáneos. Entre ellos, resultan particularmente relevantes las garantías de control jurisdiccional de la función administrativa; las que han experimentado un desarrollo vertiginoso en algunos países de Europa y Latinoamérica con la entrada del siglo XXI. No sucede así, sin embargo, en el caso cubano. Difícilmente puede afirmarse hoy que la justicia administrativa en Cuba es ese instrumento garante de los derechos de los ciudadanos y del interés general frente al actuar lesionador de la Administración Pública que cabe predicar de ella. Ello es debido, en gran parte, a la falta de compromisos constitucionales con esta institución, que no ha encontrado en el texto fundamental un asidero sólido para su despliegue y desarrollo. El presente trabajo analiza el casi nulo rol de la Constitución cubana en la ordenación y realización de la justicia administrativa y sus negativos efectos, con el propósito de promover en los responsables de la creación y aplicación del Derecho, un cambio de perspectiva y de actitud en relación con la forma de entender el control jurisdiccional sobre la actividad administrativa, de cara a ofrecer a los ciudadanos las garantías idóneas para la defensa de sus derechos e intereses en sus relaciones con la Administración.
The recognition and activation, from the Constitution, of ways for the citizens claim their rights and legitimate interests against the politic power are present in the most of contemporary legal systems. Among them, has a prominent role the judicial review of administrative actions, which has experienced a vertiginous development in some countries of Europe and Latin America. This is not the case, though, of Cuba. It can hardly be said that today, the administrative justice in Cuba is a real mechanism for citizens to defend their rights and interests in case of wrongful conduct of public administration. This is mostly due to a lack of constitutional compromise regarding this institution, which has not found in the Constitution a solid support for its establishment and development. This paper analyze the almost null role of the Cuban Constitution concerning administrative justice and the negative effects of this, in order to promote a change of attitude to the way we understand the judicial review of administrative action, allowing to provide citizens with the best guarantees for the defense of their rights and interests in its relations with the public administration.
