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Javier Muguruza Arrese
Tras la entrada en vigor en el País Vasco de la obligación de depositar las fianzas y de inscribir los contratos de arrendamiento de inmuebles en el registro público, se ha puesto en marcha un mecanismo que va a permitir un mayor control a las haciendas forales de los ingresos que se generan con estas operaciones. No obstante, a los efectos del ITP y AJD, el autor explica la poca importancia que conceden las Diputaciones a este impuesto, manteniendo una normativa en algunos aspectos obsoleta y muy alejada de la actual realidad económica.
